Foto: GWP CAM

Más sociología menos tecnocracia

Los derechos humanos deben ser el centro del debate sobre la definición del uso de los recursos naturales en Centroamérica

Por Ariel y José Manuel Torres

Evolución de términos

Hay dos términos que generan debate (y rechazo) cuando se trata de recursos naturales: “democratización” y “bien común”. Frente a estos, son preferibles “gestión” y “bien económico”. Es más, el término “bien social”, menos amplio que “bien común”, está siendo paulatinamente suprimido de las políticas ambientales.

Pero antes de que se hablara de “democratización”, “bien común”, “gestión” o “bien económico”, los recursos naturales se asociaban principalmente a la soberanía nacional; en el imaginario, el término “nacionalización” se oponía a “entreguismo”. El ejemplo prototipo lo representaba la nacionalización y monopolio del petróleo mexicano frente a casos como el de Venezuela, en las antípodas.

En Centroamérica, la primera concepción moderna de recursos naturales se formó a partir de las experiencias mineras y otros recursos provenientes de la tierra, destinados a ser productos agrícolas de exportación, como el banano. Según de dónde viniera el capital del propietario o concesionario, estos recursos se consideraban como explotados para fines nacionales o para beneficio de intereses extranjeros.

La polarización del tema era reduccionista, porque el recurso natural (tanto desde la izquierda como de la derecha) existía en función y cobraba valor únicamente desde la perspectiva de los derechos laborales. El ser humano, en su condición, ya fuera en su calidad de trabajador remunerado, como lo consideraban las compañías extranjeras o de obrero explotado, como lo consideraban los movimientos sociales, determinaba la importancia o no de un determinado recurso natural.

En otros casos, más aislados y esporádicos, los recursos naturales eran una cuestión de soberanía nacional, como el caso del río Motagua, limítrofe entre Guatemala y Honduras o como lo sigue siendo hoy en día la pesca en el Golfo de Fonseca, donde siempre se generan diferendos entre Honduras y Nicaragua.

Lo rescatable de esta visión, con fuerte acento ideológico, es que ponía en el centro del debate las injusticias sociales. Su defecto es que soslayaba cualquier otro recurso natural donde no existiera o no fuera evidente la conflictividad entre intereses. Durante muchas décadas, esta interpretación de los recursos naturales, impidió que se consideraran en su justa dimensión recursos más indeterminados como el agua (y no solamente los ríos o las aguas marítimas), el oxígeno, el recurso mineral (más allá de si fuera explotado o no), las selvas, las costas, la biodiversidad, los bosques, el aire, considerados casi con desprecio como simple naturaleza.

Cambio de vocabulario no de realidades

Foto: José Antonio LópezDesde hace veinticinco años un discurso más tecnocrático le ganó el pulso al viejo discurso ideologizado, como resultado, se han ampliado y especializado diversas visiones, pero también otras se han minimizado hasta su disociación.

La especialización ha permitido que conceptos más integrales como “recurso hídrico” o “variabilidad climática”, evoquen realidades más complejas y sustituyan a su vez denominaciones demasiado simples como “agua” o “cambio de clima”.

Sin embargo, nociones que antes tenían más peso como “injusticia” o “explotación”, son aisladas por considerarse “otros temas”, complementarios pero no centrales en la discusión sobre los recursos naturales.

Si bien hoy en día se entiende mejor lo que quiere decir biodiversidad, no se ha avanzado de igual forma para engarzar los problemas estructurales de las naciones centroamericanas con el supuesto progreso conceptual. En el discurso tecnocrático  lo económico es lo predominante, aunque también utiliza elementos provenientes de la biología (lo que es enriquecedor), sin embargo, la sociología está desterrada.

La diferencia más evidente es que lo “social” parte de lo económico y no desde la perspectiva de los derechos humanos, que siguen sin ocupar un lugar privilegiado en la toma de decisiones.

Como un paréntesis, es preciso señalar que no se está en contra de la utilización del lenguaje económico en oposición del lenguaje sociológico; se está en contra de la instrumentalización del lenguaje económico y científico que emplea la tecnocracia, de la misma manera en la que se está en contra de la instrumentalización de la sociología o de la historia del discurso ideologizado.

Si los enfoques sociológicos (separados de su instrumentalización) hubieran avanzado igual que lo han hecho los enfoques económicos, en la región seríamos capaces de comprender que una bacteria puede convertirse en parte de nuestro patrimonio común. La ausencia de enfoques sociales sólidos nos ha impedido apropiarnos de una consciencia real de nuestros recursos, que además, forma parte de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos.

Se puede dar mil vueltas para tratar de descifrar por qué las sociedades y los mismos gobiernos de esta región no se comprometen con su patrimonio natural, por qué la ciudadanía no asume un papel más reactivo en la defensa de los recursos naturales, pero jamás se llegará a conclusiones sinceras sino se reconoce que ha hecho falta una transmisión sin ambages donde se destaque el sentido de pertenencia y patrimonio. La gente en realidad no se cree que los recursos naturales les pertenecen, porque jamás ha sido así.

“Bien común” vs “bien económico”

Foto: GWP CAM¿Por qué sustituir palabras como “democratización” con otras menos connotativas como “integración”?

Los recursos naturales es un tema político en el mismo plano que también es un tema económico.

Para comprender mejor para dónde va la región centroamericana, no se puede ignorar que a nivel mundial las políticas del agua dejaron de ser tratadas como un contenido de fondo político para convertirse en un asunto económico.

Cuando el agua dejó de ser un “bien común” para convertirse en un “bien económico”, se dejó de hablar de “derecho al agua” para decir “acceso al agua”. Las Naciones Unidas, que es el primer interlocutor del Derecho Internacional, usa en sus informes más la palabra “acceso” y menos la palabra “derecho”. No se trata de un descuido, es un cambio de visión, que va en consonancia con las políticas de los Organismos Financieros Internacionales, que han impuesto la concepción de “bien económico”.

Por otro lado, cuando no se habla de “democratización” de los recursos naturales, es porque se realizan maniobras para dar paso a la “gestión”. Bajo una lógica de “democratización”, el poder administrador puede ser técnico pero las políticas son ciudadanas, cuando no se trata de un proceso “democratizador”, el papel de la ciudadanía es más incierto.

Los aparatos técnicos y las privatizaciones (otra palabra que despierta imaginarios y genera polémicas) suelen presentarse como una solución eficaz para la “racionalización” de los recursos, contra la incompetencia de los aparatos públicos. Lo que se obvia es que la ineficacia pública, real o inducida, no exime de sus derechos a los ciudadanos ni del poder de decisión que ostentan sobre su patrimonio.

Las privatizaciones pueden ser positivas, incluso la gestión técnica de los recursos lo es, pero siempre y cuando siga considerando a los recursos como “bienes comunes” y a los ciudadanos como derecho habientes y no como clientes. De otra manera, la finalidad da la espalda a lo social para buscar la competitividad. Y competitividad casi siempre se traduce en exclusión.

Si bien estas mismas políticas buscan precios abordables, si las circunstancias lo exigen, deben contraer también sacrificios para la población, sacrificios que no se aplican de la misma manera para los grandes sectores económicos

En la medida que la integración regional económica de Centroamérica avanza, los recursos naturales se integran de lleno a las leyes de la oferta y la demanda, de la misma forma que cualquier otro producto. Si se hablara de petróleo, sería más comprensible, pero los recursos con los que cuenta la región son “bienes comunes” inalienables, básicos para el sustento de la población.

En el caso de las grandes extensiones de tierra donde se siembra palma africana, por ejemplo, la característica económica disolvió cualquier monopolio público en su gestión. ¿Pasará igual con el agua? ¿Con el oxígeno? ¿Con la biodiversidad?

El agua ya es un bien regulado bajo las reglas de la oferta y la demanda, donde hay una marcada desigualdad en la distribución del recurso energético que producen las represas hidroeléctricas y las energías renovables, manejadas cada vez más por manos privadas y no públicas. Estos traspasos han generado un incremento en el costo de los recursos y vuelven más difícil el mismo acceso, por no decir, casi imposible el derecho al beneficio.

¿Quién gana y quién no obtiene nada con el viento que produce la energía eólica? Preguntas como éstas no pueden dejar de plantearse.

Nuevamente, desde el punto de vista económico – y no de liberalización de la economía y los mercados – tasar los precios de los recursos naturales debería hacerse a partir de la consideración de que es un “bien común”, que inclusive es menos depreciable que el “bien económico”, variable según el mercado.

Para finalizar, es preciso descifrar lo que hay detrás de los discursos, saber hasta qué punto los conceptos se instrumentalizan para favorecer determinados intereses en demérito de otros, de lo contrario, el agua, la energía, la madera, y todos esos recursos que permiten subsistir a poblaciones que no tienen otro tipo de bienes, entrarán en los escaparates del mercado de la misma forma que lo hacen los carros, la ropa o los productos comestibles.

Ni la escasez ni el crecimiento de la población son argumentos que se sostienen cuando se enfrentan a realidades como la mala distribución de los recursos o la desigualdad social.

Centroamérica todavía cuenta con mecanismos constitucionales que reconocen el valor patrimonial y común de los recursos, si los mecanismos neoliberales terminan de sustituirlos, las poblaciones se quedarán sin derechos y solamente tendrán acceso a los recursos, aquellos que puedan pagarlos.

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Publicado por

GWP Centroamérica

Global Water Partnership (GWP) es una red internacional de organizaciones involucradas en la gestión del agua. Nuestra visión es la de un mundo con seguridad hídrica y nuestra misión es fomentar la gobernanza y la gestión de los recursos hídricos para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. GWP Centroamérica está conformada por las Asociaciones Nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El contenido de los artículos de este blog no refleja necesariamente la posición de GWP. Se permite la reproducción total o parcial de las notas citando su respectiva fuente.

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