El compromiso de proveer agua para tod@s

En septiembre, la Asamblea de las Naciones Unidas estará ratificando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que será la hoja de ruta sobre el desarrollo que guiara a los países alrededor del mundo para los próximos 15 años. Hasta la fecha, los ODS incluyen 17 objetivos, de los cuáles el 6to es sobre el agua: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

¿Qué tiene que ver el agua con el desarrollo?

Para el desarrollo sostenible de nuestros países centroamericanos, es necesario asegurar el recurso hídrico para todos los usos, porque a diferencia de otros recursos naturales, el agua tiene una relación con todos los aspectos que afectan el desarrollo: la seguridad alimentaria, la salud y la reducción de la pobreza; además, el agua sostiene el crecimiento económico de la agricultura, la industria y la generación de energía. Brindar acceso a agua a la población es una de las principales medidas para mejorar los niveles de pobreza, por sus múltiples efectos en la salud y nutrición, entre otros.

¿Porqué una meta sobre agua en los ODS?

Es importante que el agua se refleje como una prioridad dentro de esta agenda para poder abordar la crisis mundial del agua. El apoyo a nivel de país para contar con un objetivo enteramente dedicado al agua en la agenda mencionada es esencial mientras las negociaciones estén en curso.

Además es importante hacer un abordaje más integrado de forma de superar las limitaciones de los ODM, al incluir aspectos como la calidad del recurso, la eficiencia en su uso y aspectos institucionales, entre otros. Así, se podrá contribuir de forma más efectiva al desarrollo y generar el marco habilitador a los países para emprender acciones en el tema.

¿Qué dicen los sectores sobre el objetivo propuesto?

Durante el 2013 y 2014, GWP reunió a alrededor de 1,200 participantes de 29 países para dar voz a las actores referente a la propuesta para el objetivo sobre el agua y las metas relacionadas dentro de la agenda de desarrollo post-2015. Las consultas reunieron voces de los sectores del medio ambiente, la agricultura, la planificación y la infraestructura, incluyendo representantes políticos, funcionarios de gobierno y delegados del sector privado y de la sociedad civil. En Centroamérica se organizaron consultas en Guatemala y Nicaragua.

Las consultas refuerzan enfáticamente que un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre el agua no es sólo necesario – es fundamental para el marco de desarrollo sostenible post-2015.

Así mismo, las consultas muestran un fuerte apoyo a metas integrales e interrelacionadas para promover enfoques integrados para la gestión del agua; y a una clara preferencia por flexibilidad en el establecimiento de metas nacionales, apoyadas por definiciones claras de
términos e indicadores.

Algunos de los principales retos (oportunidades) que se tendrán para cumplir con la meta incluyen la necesidad del fortalecimiento institucional y de capacidades técnicas, el fortalecimiento de los sistemas de generación de información y monitoreo, la necesidad de inversiones en infraestructura, entre otros.

¿A qué nos estaríamos comprometiendo con la aprobación del objetivo 6 sobre agua?

Las metas específicas sobre agua son:

  • Meta 6.1 Para el 2030, alcanzar acceso universal y equitativo de agua segura y asequible para todos.
  • Meta 6.2 Para el 2030, alcanzar acceso adecuado y equitativo de saneamiento e higiene para todos, y terminar la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas y de aquellos en situaciones vulnerables.
  • Meta 6.3 Para el 2030, mejorar la calidad del agua a través de la reducción de la contaminación, la eliminación de los botadores a cielo abierto y minimizando la descarga de químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad la proporción de aguas residuales no tratadas, e incrementando el reciclaje y la reutilización segura en un X% a nivel global.
  • Meta 6.4 Para el 2030, incrementar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores, asegurando extracciones sostenibles y el suministro de agua dulce para enfrentar la escasez del agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren por la escasez hídrica.
  • Meta 6.5 Para el 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluyendo la cooperación transfronteriza según sea apropiado.
  • Meta 6.6 Para el 2020, proteger y restaurar los ecosistemas hídricos, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos.

Lea los comentarios de expertos sobre cada una de las metas en el espacio de discusión abajo.¿Qué opina usted? ¿Cómo podemos alcanzar estas metas? ¿Cómo podemos participar para que se logren? ¿Qué preguntas le haría a los expertos que han comentado?


 

La sequía centroamericana

En la región centroamericana da la impresión que los poderes políticos y económicos se interesan menos por el tema ambiental que los actores externos, aun así se espera una unificación del istmo para enfrentar las adversidades climáticas.

Por: José Manuel Torres

02 Acción contra el Hambre Guatemala ©SamuelHauenstein-2011

Las regiones más afectadas por la sequía, son igualmente donde la pobreza y la extrema pobreza son más agudas. Se identifican también, a lo largo de su historia, como los escenarios donde se han llevado a cabo los más severos conflictos de lucha y despojo de tierras, guerras, desplazamientos e inestabilidad laboral. Dentro del ámbito político y económico, son regiones que juegan actualmente un papel marginal – pero fundamental – para el «espacio de mercado» regional, porque son fuente de mano de obra que trabaja en las labores más arduas y peor pagadas, pero que rentabilizan remarcablemente, como la siembra de café y las maquilas.

El ejemplo prototípico, que identifica los vestigios de la sequía geográfica y demográficamente, se identifica como el Corredor Seco Centroamericano (CSC). Dicho corredor se extiende desde el Estado de Chiapas en México hasta la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Físicamente se explica como un fenómeno cíclico de lluvias irregulares, que dificultan la producción agropecuaria de cerca de 10 millones de personas, instaladas básicamente entre Guatemala y Nicaragua. Desde la primera mitad del siglo pasado, se viene identificando repetidos ciclos de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS), que han modelado la forma de vida de estas zonas predominantemente rurales, donde se hilvana una red de realidades interconectadas, que erige la misma figura humana, la del pequeño productor (que envejece paulatinamente, por falta de relevo generacional) o familia de campesinos que viven de la agricultura de subsistencia y venta de mano de obra en condiciones precarias y arbitrarias.

Hay que señalar que gran parte de CSC simboliza la tierra representativa del drama agrario en la región centroamericana. En El Salvador, para el caso, fue el escenario del genocidio de 1932 (se estima que murieron asesinados 25 mil campesinos), mismo donde se cebó en 1936 una sequía que se registra como una de las más fuertes del siglo pasado. La mayoría de los municipios registrados en zonas de riesgo, han sido también el teatro de las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyas consecuencias de baja intensidad también afectaron a municipalidades hondureñas y costarricenses.

Problemas sin resolver

Durante cada una de las crisis de sequía, en Centroamérica se ha comprobado que hay un factor socioeconómico y sociopolítico que la precede y la empeora. En pleno siglo XXI, los problemas irresueltos del siglo XX se acumulan a los actuales.

Las sequías de fines de los años noventa, las de 2001, 2009, 2012 y la que golpeó a la región a mediados de 2014, tienen como escenario de fondo, la reconfiguración de los países centroamericanos como «espacio de mercado». Visto de otro modo, esto implica que Estados fragilizados, que apenas han sobrellevado sus propias problemáticas y complejidades, tienen ahora el desafío de afrontar la suma de los problemas de cada uno.

Desde GWP y las otras instituciones vinculadas en la identificación y seguimiento de los patrones de sequía, que de manera general, representan también el espectro de otros actores externos que trabajan la temática, se plantean una serie de propuestas y desafíos, diseñados para conseguir que tanto los actores locales como regionales, públicos, privados, sociedad civil y ciudadanía, puedan absorber la transferencia de conocimientos y experiencias dentro de sus propias prácticas, iniciativas y marcos jurídicos.

En esencia, se propone construir y mejorar los canales ya existentes para la circulación de información.

Las recomendaciones, se entienden como Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que apuntan a crear redes de pluviómetros controlados por la ciudadanía, sector público y privado; vincular las entidades locales competentes para mejorar las prácticas de cultivo (lo que incluye mejoramiento de semillas); colocar en la agenda pública el tema agrario; priorizar el ordenamiento territorial en función de los usos de la tierra, sensibilizar a las municipalidades afectadas en el tema del cambio climático; mejorar las prácticas mediante el uso de tecnologías apropiadas, diseñar políticas sostenibles para evitar la desertificación del campo.

Desafíos

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El desafío primordial es mejorar la situación de la seguridad alimentaria de la región. No obstante, la articulación de las acciones y la creación de estructuras SAT deben insertarse dentro del marco institucional de cada país, lo que implica a su vez, un reto suplementario y complejo.

Se persigue: «La institucionalización de los procesos relacionados con el SAT, para que tengan sostenibilidad técnica, política y económica a largo plazo. Este aspecto es importante por dos razones: (1) sólo las instituciones con mandato de Estado, pueden asumir legalmente este tipo de tareas, por ejemplo, la divulgación de alertas ante el impacto de eventos dañinos, como en este caso, de sequías; (2) Sólo las instituciones del Estado cuentan con al menos, una estructura básica, técnica y de recursos que puede dar seguimiento a los procesos sin estar sujeta al financiamiento asociado al ciclo propio de los proyectos.»[1]

Ya de una manera más detallada, restará determinar si «se desea crear estructuras SAT, orientadas a cultivos, o proporcionar, como hasta ahora, alertas, coordinadas por instituciones nacionales y regionales.»[2]

Finalmente, para garantizar el éxito de estas primeras etapas, es preciso «vincular las instancias necesarias en cada una de las escalas correspondientes a los actores que deben tomar parte del proceso para que resulte exitoso. El nivel regional es el de la coordinación entre instituciones nacionales, pero es en el nivel nacional, donde se hace escalar el proceso y como parte de él, la información vital para que las alertas funcionen.»[3]

Amplitud de los enfoques

Los esfuerzos tanto de actores externos como internos, anticipan, pronostican y ayudan a paliar ciertos efectos producidos por los trastornos ecológicos en la región.

Los sistemas de alerta y los programas técnicos para enfrentar los estragos del cambio climático trabajan con las poblaciones más afectadas y los poderes locales. No obstante, los problemas estructurales, causantes de la extrema fragilidad de la región centroamericana, siguen pareciendo inabordables desde la perspectiva del Estado y los gobiernos locales y regionales.

Esta situación, inevitablemente, permea y limita la visión y los enfoques que se manejan a fin de reducir la vulnerabilidad y garantizar mínimamente la seguridad alimentaria de las zonas más expuestas a los fenómenos climáticos.

La sequía de 2014 despertó una atención mayor hacia Centroamérica; considerada como una de las peores de su historia, los prácticamente dos meses sin lluvias, acabaron con las cosechas de maíz y frijoles, provocando una crisis alimentaria severa en cerca de 2,5 millones (diario El País, septiembre) de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Pese a la emergencia, y a que este desastre ambiental es considerado como uno de los más trascendentes desde el Huracán Mitch (1998), la ayuda económica ha sido insuficiente y dilatada.

Propuesta de los Estados Foto: EFE

El problema de fondo es que detrás de esta crisis, la responsabilidad política y económica se siguió escudando eficazmente detrás de su propia inoperancia, como si la gestión del problema, no fuera en primer lugar, su obligación. Las instancias existentes al interior de los poderes públicos (y sus propios dispositivos), están más habilitadas para trabajar en contingencias que para explorar y crear enfoques que centren el cambio climático desde una perspectiva pública, por eso, entre otras razones, los desastres se siguen repitiendo.

Cabe señalar que el PMA advirtió que lo ocurrido este año podría derivar en una crisis humanitaria. ¿Cuál es la propuesta de los Estados frente a esta exhortación?

Las visiones exiguas de la esfera pública, impiden que las posiciones gubernamentales dispongan de una base sólida frente a los efectos del cambio climático en Centroamérica, reforzando la impresión de que los poderes políticos y económicos del istmo, se interesan por el tema menos que los actores externos.

Por su parte, los argumentos fisiográficos, agrológicos y climáticos que manejan predominantemente los actores externos son eficaces para comprender la vulnerabilidad física de la región, pero insuficientes para ofrecer una visión integral del cuadro de la vulnerabilidad social, puesto que esta solamente se puede complementar con una vinculación mayor de los poderes públicos y económicos.

En el istmo, tal como sucede en el resto del mundo, las transiciones ecológicas no perturban los paradigmas existentes, pese a los indicios de voluntarismo y las iniciativas en marcha. Dicho de otro modo, se habla de realizar un viraje ecológico pero no se emprende un frenazo económico, ni se reducen las disparidades en la distribución de la riqueza, ni se exploran otras vías políticas que las ya conocidas.

Es más, frecuentemente la vulnerabilidad social es asociada (entre otros factores) con la falta de medios y herramientas para integrarse mejor en los mercados, pero rara vez se plantea cambiar las reglas del juego. Dentro de esta lógica, cabría preguntarse: ¿por qué habrían de hacerlo?, si por ejemplo, las fuentes de financiamiento y préstamos para estos países están condicionadas siempre y cuando se continúen las políticas fiscales, económicas y de liberalización de los mercados.

Por otro lado, sorprende leer que estudios multidisciplinarios, que trabajan sobre los efectos del cambio climático, argumenten que la falta de industrialización en la región es una de las causas de su propia vulnerabilidad.

Problemas estructurales

De manera global, el problema del cambio climático se quiere encarar sin cambiar el mundo que lo ha provocado, se dice que es un tema prioritario pero no siempre se trata como tal.

A escala mundial, no se han creado los mecanismos de presión capaces de plantear auténticas transformaciones, de hecho, algo más fácil, como lograr que los principales responsables del desastre ambiental se comprometan a suscribir los acuerdos y protocolos existentes, no ha sido posible. A su vez, los grandes poderes que están detrás de las industrias más contaminantes, que alimentan la voracidad de los mercados, invierten proverbialmente para desvincular y “desmitificar” precisamente las correlaciones existentes entre las reglas actuales de la economía y la política con el impacto ambiental.

La tendencia es que los discursos y las acciones asumen paulatinamente dinámicas que contrarían lo menos posible a las estructuras de poder. En regiones más pequeñas y más maniobrables, como Centroamérica, donde, por otro lado, el poder es teóricamente más permeable, sucede de la misma manera; bajo el pretexto de “no intervenir”, los problemas ambientales no se tratan desde una perspectiva política y económica contundente.

Se habla de adaptación a los intensos procesos de sequía pero no se menciona la posibilidad de un cambio más profundo. El tema de la sequía, que afecta cíclica y progresivamente a las mismas poblaciones, es una coyuntura ideal para interrogarse sobre la supuesta irreversibilidad de los problemas estructurales. Frente a la emergencia misma del cambio climático, la alternativa arquetípica sería la de centrar más enfáticamente el interés de los Estados por regiones a las que además se les está en deuda histórica.

No se cuestiona que los enfoques (cambios de tiempo de siembra, fortalecimiento de los sistema de alerta temprana, construcción de cuencas, etc.) sean motivados por la urgencia (son dentro de todo, los que ahora funcionan), pero sería necesario ampliar la mirada y asumir consecuentemente los desacuerdos eventuales, para imaginar que también sea posible transformar en proyectos paradigmáticos de desarrollo, esos lugares donde solamente se ha conocido y se conoce la pobreza.

Centroamérica dentro del mundo

El abordaje de los problemas ambientales debe adecuarse a la velocidad y la rudeza con la que cambia el mundo. El sistema ha dejado en evidencia que durante sus períodos de crisis, aumenta su potencia destructora. La naturaleza cada vez más transitoria, agresiva y cambiante de los flujos de mercado, destruye el medio ambiente, y va tras aquellos nichos que aún no han sido conquistados o que lo han sido solo parcialmente.

En el panorama actual, resulta desfasado analizar la realidad de continentes o países sin tener en cuenta la preponderancia de zonas o regiones creadas específicamente por los flujos de mercado.

Cada región se ve fortalecida o sumida en desventaja, en función de un determinado tipo de recursos humanos, que comprende igualmente obras de infraestructura, procesos de asimilación cultural, factores socioeconómicos e inclusive raciales que determinan a su vez la importancia y el uso o subutilización de ciertos tipos de recursos naturales, muchas veces, a costa de otros.

Estos procesos de supresión de los confines nacionales, están sustituyendo aceleradamente las fronteras tradicionales, pero al ritmo del mercado y no de las necesidades humanas, sociales y democráticas.

En el caso centroamericano, la región representa económica y geopolíticamente el puente «natural» de pasaje entre el hemisferio norte y sur del continente.

Por su situación geográfica y la fragilidad de sus Estados, es considerada una «sub-región» donde se suman en permanencia componentes para volverla más «interesante» desde el punto de vista comercial, lo que se traduce consecuentemente en la creación de zonas y regiones semi-industriales, agroindustriales, agropecuarias y comerciales donde los recursos naturales, notablemente los hídricos, son subutilizados, bajo el mismo esquema como se explotan otros, como la minería, y evidentemente, la mano de obra que los trabaja.

Desde cualquier ámbito de trabajo, cuando se investiga y define la región, se discurre forzosamente entre dos vertientes de discurso; por una parte, los grandes temas sociales y societarios; la pobreza, el atraso, la violencia, la desigualdad extrema, la vulnerabilidad social y ambiental, los grados deficitarios de democracia, y  por el otro lado, la integración regional alrededor de tratados y acuerdos comerciales y todo lo que esto representa, incluidas también ciertas ventajas.

En prospectiva, Centroamérica marcha al mismo tiempo hacia diversos tipos de unificación regional, en la que también se suma la integración de tipo ambiental. El desafío es que esta inercia propulsada por los factores exteriores, permita que los Estados y las sociedades puedan adjudicarse sus propios procesos de asimilación, y en lo ideal, imponer su voluntad soberana, algo que todavía no ocurre.

Las preguntas por el momento son: ¿Quién defiende a la región? ¿Quién impide que Centroamérica ponga a disposición de una economía global, cada vez que ésta busca espacios de mercado más rentables, su capacidad extrema de elasticidad, dejando al borde del precipicio sus recursos humanos y naturales más preciados?


[1] Patrones de sequía en Centroamérica. Su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del Índice Normalizado de Precipitación para los Sistemas de Alerta Temprana. GWP Centroamérica/COSUDE/CRRH, (2014). [2] Ídem [3] Ídem

Más sociología menos tecnocracia

Los derechos humanos deben ser el centro del debate sobre la definición del uso de los recursos naturales en Centroamérica

Por Ariel y José Manuel Torres

Evolución de términos

Hay dos términos que generan debate (y rechazo) cuando se trata de recursos naturales: “democratización” y “bien común”. Frente a estos, son preferibles “gestión” y “bien económico”. Es más, el término “bien social”, menos amplio que “bien común”, está siendo paulatinamente suprimido de las políticas ambientales.

Pero antes de que se hablara de “democratización”, “bien común”, “gestión” o “bien económico”, los recursos naturales se asociaban principalmente a la soberanía nacional; en el imaginario, el término “nacionalización” se oponía a “entreguismo”. El ejemplo prototipo lo representaba la nacionalización y monopolio del petróleo mexicano frente a casos como el de Venezuela, en las antípodas.

En Centroamérica, la primera concepción moderna de recursos naturales se formó a partir de las experiencias mineras y otros recursos provenientes de la tierra, destinados a ser productos agrícolas de exportación, como el banano. Según de dónde viniera el capital del propietario o concesionario, estos recursos se consideraban como explotados para fines nacionales o para beneficio de intereses extranjeros.

La polarización del tema era reduccionista, porque el recurso natural (tanto desde la izquierda como de la derecha) existía en función y cobraba valor únicamente desde la perspectiva de los derechos laborales. El ser humano, en su condición, ya fuera en su calidad de trabajador remunerado, como lo consideraban las compañías extranjeras o de obrero explotado, como lo consideraban los movimientos sociales, determinaba la importancia o no de un determinado recurso natural.

En otros casos, más aislados y esporádicos, los recursos naturales eran una cuestión de soberanía nacional, como el caso del río Motagua, limítrofe entre Guatemala y Honduras o como lo sigue siendo hoy en día la pesca en el Golfo de Fonseca, donde siempre se generan diferendos entre Honduras y Nicaragua.

Lo rescatable de esta visión, con fuerte acento ideológico, es que ponía en el centro del debate las injusticias sociales. Su defecto es que soslayaba cualquier otro recurso natural donde no existiera o no fuera evidente la conflictividad entre intereses. Durante muchas décadas, esta interpretación de los recursos naturales, impidió que se consideraran en su justa dimensión recursos más indeterminados como el agua (y no solamente los ríos o las aguas marítimas), el oxígeno, el recurso mineral (más allá de si fuera explotado o no), las selvas, las costas, la biodiversidad, los bosques, el aire, considerados casi con desprecio como simple naturaleza.

Cambio de vocabulario no de realidades

Foto: José Antonio LópezDesde hace veinticinco años un discurso más tecnocrático le ganó el pulso al viejo discurso ideologizado, como resultado, se han ampliado y especializado diversas visiones, pero también otras se han minimizado hasta su disociación.

La especialización ha permitido que conceptos más integrales como “recurso hídrico” o “variabilidad climática”, evoquen realidades más complejas y sustituyan a su vez denominaciones demasiado simples como “agua” o “cambio de clima”.

Sin embargo, nociones que antes tenían más peso como “injusticia” o “explotación”, son aisladas por considerarse “otros temas”, complementarios pero no centrales en la discusión sobre los recursos naturales.

Si bien hoy en día se entiende mejor lo que quiere decir biodiversidad, no se ha avanzado de igual forma para engarzar los problemas estructurales de las naciones centroamericanas con el supuesto progreso conceptual. En el discurso tecnocrático  lo económico es lo predominante, aunque también utiliza elementos provenientes de la biología (lo que es enriquecedor), sin embargo, la sociología está desterrada.

La diferencia más evidente es que lo “social” parte de lo económico y no desde la perspectiva de los derechos humanos, que siguen sin ocupar un lugar privilegiado en la toma de decisiones.

Como un paréntesis, es preciso señalar que no se está en contra de la utilización del lenguaje económico en oposición del lenguaje sociológico; se está en contra de la instrumentalización del lenguaje económico y científico que emplea la tecnocracia, de la misma manera en la que se está en contra de la instrumentalización de la sociología o de la historia del discurso ideologizado.

Si los enfoques sociológicos (separados de su instrumentalización) hubieran avanzado igual que lo han hecho los enfoques económicos, en la región seríamos capaces de comprender que una bacteria puede convertirse en parte de nuestro patrimonio común. La ausencia de enfoques sociales sólidos nos ha impedido apropiarnos de una consciencia real de nuestros recursos, que además, forma parte de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos.

Se puede dar mil vueltas para tratar de descifrar por qué las sociedades y los mismos gobiernos de esta región no se comprometen con su patrimonio natural, por qué la ciudadanía no asume un papel más reactivo en la defensa de los recursos naturales, pero jamás se llegará a conclusiones sinceras sino se reconoce que ha hecho falta una transmisión sin ambages donde se destaque el sentido de pertenencia y patrimonio. La gente en realidad no se cree que los recursos naturales les pertenecen, porque jamás ha sido así.

“Bien común” vs “bien económico”

Foto: GWP CAM¿Por qué sustituir palabras como “democratización” con otras menos connotativas como “integración”?

Los recursos naturales es un tema político en el mismo plano que también es un tema económico.

Para comprender mejor para dónde va la región centroamericana, no se puede ignorar que a nivel mundial las políticas del agua dejaron de ser tratadas como un contenido de fondo político para convertirse en un asunto económico.

Cuando el agua dejó de ser un “bien común” para convertirse en un “bien económico”, se dejó de hablar de “derecho al agua” para decir “acceso al agua”. Las Naciones Unidas, que es el primer interlocutor del Derecho Internacional, usa en sus informes más la palabra “acceso” y menos la palabra “derecho”. No se trata de un descuido, es un cambio de visión, que va en consonancia con las políticas de los Organismos Financieros Internacionales, que han impuesto la concepción de “bien económico”.

Por otro lado, cuando no se habla de “democratización” de los recursos naturales, es porque se realizan maniobras para dar paso a la “gestión”. Bajo una lógica de “democratización”, el poder administrador puede ser técnico pero las políticas son ciudadanas, cuando no se trata de un proceso “democratizador”, el papel de la ciudadanía es más incierto.

Los aparatos técnicos y las privatizaciones (otra palabra que despierta imaginarios y genera polémicas) suelen presentarse como una solución eficaz para la “racionalización” de los recursos, contra la incompetencia de los aparatos públicos. Lo que se obvia es que la ineficacia pública, real o inducida, no exime de sus derechos a los ciudadanos ni del poder de decisión que ostentan sobre su patrimonio.

Las privatizaciones pueden ser positivas, incluso la gestión técnica de los recursos lo es, pero siempre y cuando siga considerando a los recursos como “bienes comunes” y a los ciudadanos como derecho habientes y no como clientes. De otra manera, la finalidad da la espalda a lo social para buscar la competitividad. Y competitividad casi siempre se traduce en exclusión.

Si bien estas mismas políticas buscan precios abordables, si las circunstancias lo exigen, deben contraer también sacrificios para la población, sacrificios que no se aplican de la misma manera para los grandes sectores económicos

En la medida que la integración regional económica de Centroamérica avanza, los recursos naturales se integran de lleno a las leyes de la oferta y la demanda, de la misma forma que cualquier otro producto. Si se hablara de petróleo, sería más comprensible, pero los recursos con los que cuenta la región son “bienes comunes” inalienables, básicos para el sustento de la población.

En el caso de las grandes extensiones de tierra donde se siembra palma africana, por ejemplo, la característica económica disolvió cualquier monopolio público en su gestión. ¿Pasará igual con el agua? ¿Con el oxígeno? ¿Con la biodiversidad?

El agua ya es un bien regulado bajo las reglas de la oferta y la demanda, donde hay una marcada desigualdad en la distribución del recurso energético que producen las represas hidroeléctricas y las energías renovables, manejadas cada vez más por manos privadas y no públicas. Estos traspasos han generado un incremento en el costo de los recursos y vuelven más difícil el mismo acceso, por no decir, casi imposible el derecho al beneficio.

¿Quién gana y quién no obtiene nada con el viento que produce la energía eólica? Preguntas como éstas no pueden dejar de plantearse.

Nuevamente, desde el punto de vista económico – y no de liberalización de la economía y los mercados – tasar los precios de los recursos naturales debería hacerse a partir de la consideración de que es un “bien común”, que inclusive es menos depreciable que el “bien económico”, variable según el mercado.

Para finalizar, es preciso descifrar lo que hay detrás de los discursos, saber hasta qué punto los conceptos se instrumentalizan para favorecer determinados intereses en demérito de otros, de lo contrario, el agua, la energía, la madera, y todos esos recursos que permiten subsistir a poblaciones que no tienen otro tipo de bienes, entrarán en los escaparates del mercado de la misma forma que lo hacen los carros, la ropa o los productos comestibles.

Ni la escasez ni el crecimiento de la población son argumentos que se sostienen cuando se enfrentan a realidades como la mala distribución de los recursos o la desigualdad social.

Centroamérica todavía cuenta con mecanismos constitucionales que reconocen el valor patrimonial y común de los recursos, si los mecanismos neoliberales terminan de sustituirlos, las poblaciones se quedarán sin derechos y solamente tendrán acceso a los recursos, aquellos que puedan pagarlos.

Carta abierta a Luis Guillermo Solís Rivera

Por Salvador Montenegro Guillén, Director del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA-UNAM). Publicado en Confidencial de Nicaragua y La Prensa Libre de Costa Rica.
CC por realworldphotos.net en FlickrCon el mayor respeto le saludo a través de esta carta pública, copiada a medios informativos de Costa Rica y Nicaragua, y me refiero a la oportunidad que los gobiernos y naciones de ambos países tenemos para desarrollar mecanismos de cooperación y entendimiento transfronterizo, una vez superadas las formalidades del actual proceso electoral en su ilustrado país.

En el norte de Costa Rica, los 13 040 Km2 de su territorio contenido en la Cuenca de los Grandes Lagos y el Río San Juan, representan el 30% de dicha cuenca 69, extensión territorial que contiene ingentes recursos y opciones ambientales para el desarrollo social y económico de nuestros países.

En el devenir histórico de las complejas relaciones políticas entre nuestros países esta realidad natural ha sido escenario de desencuentros y tensiones que desafían la lógica y angustian la buena voluntad, limitando el aprovechamiento racional y la protección de este curso de agua que da vida al río Colorado, en detrimento de los intereses nacionales de ambos países.

La característica fundamental de las cuencas hídricas es que son por naturaleza territorios de convergencia de las aguas, y por extensión de los intereses y la dinámica social y económica. Contradictoriamente, hemos logrado que este río nos divida, desperdiciando opciones concretas de desarrollo.

Por su carácter binacional físico natural, la subcuenca del Río San Juan constituye un óptimo territorio, esencial para el desarrollo económico, social y natural de ambos países, resultando urgente el establecimiento del proceso de gestión de suelos, aguas y bosques en la misma, compromiso impostergable de los pueblos y gobiernos de Nicaragua y Costa Rica y garantía para la sostenibilidad socio ambiental y productiva de ambos países, además de aporte significativo a los esfuerzos de conservación global.

Confieso mi entusiasmo por dirigirme a un académico y educador, cuya proyección política valorará tanto la necesidad de comprender los procesos naturales como de contribuir a corregir los daños humanos causados a la naturaleza, que impactan a la sociedad y economía.

Es grato informarle que no estará solo en esta tarea: en ambos países, organizaciones académicas y organismos no gubernamentales, somos miembros activos de los capítulos locales de la Asociación Mundial para el Agua (GWP por sus siglas en inglés), compartiendo la visión del trabajo conjunto por la gestión sostenible del agua; considérenos organizaciones amigas interesadas en contribuir al éxito de su futura gestión, a través de la cooperación binacional fundamentada en buena voluntad.

Es meritorio destacar que GWP y otras organizaciones líderes en la solución de conflictos hídricos transfronterizos han conceptualizado estrategias sumamente útiles en publicaciones como el “Manual para la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas de ríos, lagos y acuíferos”, por lo que felizmente conocimientos técnicos no faltan, siendo la voluntad política de nuestros gobiernos lo que nuestras naciones anhelamos se manifiesten para entendernos y cooperar.