La sequía centroamericana

En la región centroamericana da la impresión que los poderes políticos y económicos se interesan menos por el tema ambiental que los actores externos, aun así se espera una unificación del istmo para enfrentar las adversidades climáticas.

Por: José Manuel Torres

02 Acción contra el Hambre Guatemala ©SamuelHauenstein-2011

Las regiones más afectadas por la sequía, son igualmente donde la pobreza y la extrema pobreza son más agudas. Se identifican también, a lo largo de su historia, como los escenarios donde se han llevado a cabo los más severos conflictos de lucha y despojo de tierras, guerras, desplazamientos e inestabilidad laboral. Dentro del ámbito político y económico, son regiones que juegan actualmente un papel marginal – pero fundamental – para el «espacio de mercado» regional, porque son fuente de mano de obra que trabaja en las labores más arduas y peor pagadas, pero que rentabilizan remarcablemente, como la siembra de café y las maquilas.

El ejemplo prototípico, que identifica los vestigios de la sequía geográfica y demográficamente, se identifica como el Corredor Seco Centroamericano (CSC). Dicho corredor se extiende desde el Estado de Chiapas en México hasta la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Físicamente se explica como un fenómeno cíclico de lluvias irregulares, que dificultan la producción agropecuaria de cerca de 10 millones de personas, instaladas básicamente entre Guatemala y Nicaragua. Desde la primera mitad del siglo pasado, se viene identificando repetidos ciclos de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS), que han modelado la forma de vida de estas zonas predominantemente rurales, donde se hilvana una red de realidades interconectadas, que erige la misma figura humana, la del pequeño productor (que envejece paulatinamente, por falta de relevo generacional) o familia de campesinos que viven de la agricultura de subsistencia y venta de mano de obra en condiciones precarias y arbitrarias.

Hay que señalar que gran parte de CSC simboliza la tierra representativa del drama agrario en la región centroamericana. En El Salvador, para el caso, fue el escenario del genocidio de 1932 (se estima que murieron asesinados 25 mil campesinos), mismo donde se cebó en 1936 una sequía que se registra como una de las más fuertes del siglo pasado. La mayoría de los municipios registrados en zonas de riesgo, han sido también el teatro de las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyas consecuencias de baja intensidad también afectaron a municipalidades hondureñas y costarricenses.

Problemas sin resolver

Durante cada una de las crisis de sequía, en Centroamérica se ha comprobado que hay un factor socioeconómico y sociopolítico que la precede y la empeora. En pleno siglo XXI, los problemas irresueltos del siglo XX se acumulan a los actuales.

Las sequías de fines de los años noventa, las de 2001, 2009, 2012 y la que golpeó a la región a mediados de 2014, tienen como escenario de fondo, la reconfiguración de los países centroamericanos como «espacio de mercado». Visto de otro modo, esto implica que Estados fragilizados, que apenas han sobrellevado sus propias problemáticas y complejidades, tienen ahora el desafío de afrontar la suma de los problemas de cada uno.

Desde GWP y las otras instituciones vinculadas en la identificación y seguimiento de los patrones de sequía, que de manera general, representan también el espectro de otros actores externos que trabajan la temática, se plantean una serie de propuestas y desafíos, diseñados para conseguir que tanto los actores locales como regionales, públicos, privados, sociedad civil y ciudadanía, puedan absorber la transferencia de conocimientos y experiencias dentro de sus propias prácticas, iniciativas y marcos jurídicos.

En esencia, se propone construir y mejorar los canales ya existentes para la circulación de información.

Las recomendaciones, se entienden como Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que apuntan a crear redes de pluviómetros controlados por la ciudadanía, sector público y privado; vincular las entidades locales competentes para mejorar las prácticas de cultivo (lo que incluye mejoramiento de semillas); colocar en la agenda pública el tema agrario; priorizar el ordenamiento territorial en función de los usos de la tierra, sensibilizar a las municipalidades afectadas en el tema del cambio climático; mejorar las prácticas mediante el uso de tecnologías apropiadas, diseñar políticas sostenibles para evitar la desertificación del campo.

Desafíos

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El desafío primordial es mejorar la situación de la seguridad alimentaria de la región. No obstante, la articulación de las acciones y la creación de estructuras SAT deben insertarse dentro del marco institucional de cada país, lo que implica a su vez, un reto suplementario y complejo.

Se persigue: «La institucionalización de los procesos relacionados con el SAT, para que tengan sostenibilidad técnica, política y económica a largo plazo. Este aspecto es importante por dos razones: (1) sólo las instituciones con mandato de Estado, pueden asumir legalmente este tipo de tareas, por ejemplo, la divulgación de alertas ante el impacto de eventos dañinos, como en este caso, de sequías; (2) Sólo las instituciones del Estado cuentan con al menos, una estructura básica, técnica y de recursos que puede dar seguimiento a los procesos sin estar sujeta al financiamiento asociado al ciclo propio de los proyectos.»[1]

Ya de una manera más detallada, restará determinar si «se desea crear estructuras SAT, orientadas a cultivos, o proporcionar, como hasta ahora, alertas, coordinadas por instituciones nacionales y regionales.»[2]

Finalmente, para garantizar el éxito de estas primeras etapas, es preciso «vincular las instancias necesarias en cada una de las escalas correspondientes a los actores que deben tomar parte del proceso para que resulte exitoso. El nivel regional es el de la coordinación entre instituciones nacionales, pero es en el nivel nacional, donde se hace escalar el proceso y como parte de él, la información vital para que las alertas funcionen.»[3]

Amplitud de los enfoques

Los esfuerzos tanto de actores externos como internos, anticipan, pronostican y ayudan a paliar ciertos efectos producidos por los trastornos ecológicos en la región.

Los sistemas de alerta y los programas técnicos para enfrentar los estragos del cambio climático trabajan con las poblaciones más afectadas y los poderes locales. No obstante, los problemas estructurales, causantes de la extrema fragilidad de la región centroamericana, siguen pareciendo inabordables desde la perspectiva del Estado y los gobiernos locales y regionales.

Esta situación, inevitablemente, permea y limita la visión y los enfoques que se manejan a fin de reducir la vulnerabilidad y garantizar mínimamente la seguridad alimentaria de las zonas más expuestas a los fenómenos climáticos.

La sequía de 2014 despertó una atención mayor hacia Centroamérica; considerada como una de las peores de su historia, los prácticamente dos meses sin lluvias, acabaron con las cosechas de maíz y frijoles, provocando una crisis alimentaria severa en cerca de 2,5 millones (diario El País, septiembre) de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Pese a la emergencia, y a que este desastre ambiental es considerado como uno de los más trascendentes desde el Huracán Mitch (1998), la ayuda económica ha sido insuficiente y dilatada.

Propuesta de los Estados Foto: EFE

El problema de fondo es que detrás de esta crisis, la responsabilidad política y económica se siguió escudando eficazmente detrás de su propia inoperancia, como si la gestión del problema, no fuera en primer lugar, su obligación. Las instancias existentes al interior de los poderes públicos (y sus propios dispositivos), están más habilitadas para trabajar en contingencias que para explorar y crear enfoques que centren el cambio climático desde una perspectiva pública, por eso, entre otras razones, los desastres se siguen repitiendo.

Cabe señalar que el PMA advirtió que lo ocurrido este año podría derivar en una crisis humanitaria. ¿Cuál es la propuesta de los Estados frente a esta exhortación?

Las visiones exiguas de la esfera pública, impiden que las posiciones gubernamentales dispongan de una base sólida frente a los efectos del cambio climático en Centroamérica, reforzando la impresión de que los poderes políticos y económicos del istmo, se interesan por el tema menos que los actores externos.

Por su parte, los argumentos fisiográficos, agrológicos y climáticos que manejan predominantemente los actores externos son eficaces para comprender la vulnerabilidad física de la región, pero insuficientes para ofrecer una visión integral del cuadro de la vulnerabilidad social, puesto que esta solamente se puede complementar con una vinculación mayor de los poderes públicos y económicos.

En el istmo, tal como sucede en el resto del mundo, las transiciones ecológicas no perturban los paradigmas existentes, pese a los indicios de voluntarismo y las iniciativas en marcha. Dicho de otro modo, se habla de realizar un viraje ecológico pero no se emprende un frenazo económico, ni se reducen las disparidades en la distribución de la riqueza, ni se exploran otras vías políticas que las ya conocidas.

Es más, frecuentemente la vulnerabilidad social es asociada (entre otros factores) con la falta de medios y herramientas para integrarse mejor en los mercados, pero rara vez se plantea cambiar las reglas del juego. Dentro de esta lógica, cabría preguntarse: ¿por qué habrían de hacerlo?, si por ejemplo, las fuentes de financiamiento y préstamos para estos países están condicionadas siempre y cuando se continúen las políticas fiscales, económicas y de liberalización de los mercados.

Por otro lado, sorprende leer que estudios multidisciplinarios, que trabajan sobre los efectos del cambio climático, argumenten que la falta de industrialización en la región es una de las causas de su propia vulnerabilidad.

Problemas estructurales

De manera global, el problema del cambio climático se quiere encarar sin cambiar el mundo que lo ha provocado, se dice que es un tema prioritario pero no siempre se trata como tal.

A escala mundial, no se han creado los mecanismos de presión capaces de plantear auténticas transformaciones, de hecho, algo más fácil, como lograr que los principales responsables del desastre ambiental se comprometan a suscribir los acuerdos y protocolos existentes, no ha sido posible. A su vez, los grandes poderes que están detrás de las industrias más contaminantes, que alimentan la voracidad de los mercados, invierten proverbialmente para desvincular y “desmitificar” precisamente las correlaciones existentes entre las reglas actuales de la economía y la política con el impacto ambiental.

La tendencia es que los discursos y las acciones asumen paulatinamente dinámicas que contrarían lo menos posible a las estructuras de poder. En regiones más pequeñas y más maniobrables, como Centroamérica, donde, por otro lado, el poder es teóricamente más permeable, sucede de la misma manera; bajo el pretexto de “no intervenir”, los problemas ambientales no se tratan desde una perspectiva política y económica contundente.

Se habla de adaptación a los intensos procesos de sequía pero no se menciona la posibilidad de un cambio más profundo. El tema de la sequía, que afecta cíclica y progresivamente a las mismas poblaciones, es una coyuntura ideal para interrogarse sobre la supuesta irreversibilidad de los problemas estructurales. Frente a la emergencia misma del cambio climático, la alternativa arquetípica sería la de centrar más enfáticamente el interés de los Estados por regiones a las que además se les está en deuda histórica.

No se cuestiona que los enfoques (cambios de tiempo de siembra, fortalecimiento de los sistema de alerta temprana, construcción de cuencas, etc.) sean motivados por la urgencia (son dentro de todo, los que ahora funcionan), pero sería necesario ampliar la mirada y asumir consecuentemente los desacuerdos eventuales, para imaginar que también sea posible transformar en proyectos paradigmáticos de desarrollo, esos lugares donde solamente se ha conocido y se conoce la pobreza.

Centroamérica dentro del mundo

El abordaje de los problemas ambientales debe adecuarse a la velocidad y la rudeza con la que cambia el mundo. El sistema ha dejado en evidencia que durante sus períodos de crisis, aumenta su potencia destructora. La naturaleza cada vez más transitoria, agresiva y cambiante de los flujos de mercado, destruye el medio ambiente, y va tras aquellos nichos que aún no han sido conquistados o que lo han sido solo parcialmente.

En el panorama actual, resulta desfasado analizar la realidad de continentes o países sin tener en cuenta la preponderancia de zonas o regiones creadas específicamente por los flujos de mercado.

Cada región se ve fortalecida o sumida en desventaja, en función de un determinado tipo de recursos humanos, que comprende igualmente obras de infraestructura, procesos de asimilación cultural, factores socioeconómicos e inclusive raciales que determinan a su vez la importancia y el uso o subutilización de ciertos tipos de recursos naturales, muchas veces, a costa de otros.

Estos procesos de supresión de los confines nacionales, están sustituyendo aceleradamente las fronteras tradicionales, pero al ritmo del mercado y no de las necesidades humanas, sociales y democráticas.

En el caso centroamericano, la región representa económica y geopolíticamente el puente «natural» de pasaje entre el hemisferio norte y sur del continente.

Por su situación geográfica y la fragilidad de sus Estados, es considerada una «sub-región» donde se suman en permanencia componentes para volverla más «interesante» desde el punto de vista comercial, lo que se traduce consecuentemente en la creación de zonas y regiones semi-industriales, agroindustriales, agropecuarias y comerciales donde los recursos naturales, notablemente los hídricos, son subutilizados, bajo el mismo esquema como se explotan otros, como la minería, y evidentemente, la mano de obra que los trabaja.

Desde cualquier ámbito de trabajo, cuando se investiga y define la región, se discurre forzosamente entre dos vertientes de discurso; por una parte, los grandes temas sociales y societarios; la pobreza, el atraso, la violencia, la desigualdad extrema, la vulnerabilidad social y ambiental, los grados deficitarios de democracia, y  por el otro lado, la integración regional alrededor de tratados y acuerdos comerciales y todo lo que esto representa, incluidas también ciertas ventajas.

En prospectiva, Centroamérica marcha al mismo tiempo hacia diversos tipos de unificación regional, en la que también se suma la integración de tipo ambiental. El desafío es que esta inercia propulsada por los factores exteriores, permita que los Estados y las sociedades puedan adjudicarse sus propios procesos de asimilación, y en lo ideal, imponer su voluntad soberana, algo que todavía no ocurre.

Las preguntas por el momento son: ¿Quién defiende a la región? ¿Quién impide que Centroamérica ponga a disposición de una economía global, cada vez que ésta busca espacios de mercado más rentables, su capacidad extrema de elasticidad, dejando al borde del precipicio sus recursos humanos y naturales más preciados?


[1] Patrones de sequía en Centroamérica. Su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del Índice Normalizado de Precipitación para los Sistemas de Alerta Temprana. GWP Centroamérica/COSUDE/CRRH, (2014). [2] Ídem [3] Ídem

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Hijas del Agua Cruda

Cuando la llave del grifo es objeto decorativo urge la GIRH

Por Sharon Pringle Félix

Eduvina. Foto: Sharon Pringle

De la llave del grifo de la mayoría de las personas en Panamá sale agua, pero en casa de Eduvina, ese es objeto decorativo. De allí, con suerte ha logrado ver salir lombrices.

Como ella, unas 5 mil personas en la provincia de Panamá y 194 mil 232 a nivel nacional, toman agua sin ningún tratamiento. Esta realidad no es alejada de lo que se vive en Centroamérica, pues de acuerdo al IV Informe Estado de la Región (2011),el 11% de la población, equivalente a 4.5 millones de de personas, carece de agua potable y el 29%, 12.2 millones, de saneamiento básico.

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerado, publicado por la Contraloría General de la República en 2014, refleja que 50 mil personas buscan agua de pozos artesanales no protegidos; 89 mil, en manantiales sin protección; 38 mil de ríos, estanques o lagos, y 5 mil 200, de otras fuentes.

El informe resalta que 36 mil personas deben caminar largas distancias para conseguir el líquido para beberlo. Y de esta cantidad, el 83% llega a lugares con agua no potable y la beben.

Eduvina camina una hora para obtener agua. Ella es moradora de la comunidad de El Peñón, en Las Cumbres, a 30 minutos del área metropolitana de Panamá, país que creció de forma acelerada, con un promedio superior al 8% anual en la última década, esto representa el doble que el de otros países Latinoamericanos.

Foto: Sharon Pringle

El Peñón es un conjunto montañoso declarado reserva hídrica en 2014. Allí nace un brazo importante de la quebrada de la Cabima, afluente del río Chilibrillo, también el río Cárdenas que va hacia el Canal, del otro lado nace el río Mocambo, atrás se da el nacimiento del río Chilibre. La comunidad del Peñón habita en las faldas de un volcán de agua, está rodeada de ojos de agua, pero ir por ella no es fácil, el área es accidentada… Eduvina ya conoce de caídas y dolores, es la lucha del día a día. Su mirada de cansancio no admite conocer mucho de su vida.

Otras mujeres menos afortunadas son las que no cuentan con la fortaleza para ir por el agua, las de mayor edad, quienes tienen discapacidad física, éstas deben pagar 5 dólares por el agua del día.

Otros vecinos se las ingenian, hay uno que compró un motor pequeño y bombea el agua desde el pozo para la casa por un par de horas. En la parte baja de la comunidad, vienen los carros cisternas y alimentan el tanque que da agua a 6 familias, apenas una parte de la comunidad.

Juana Camargo, socióloga y miembra del Espacio Encuentro de Mujeres -EEM, explica que los recursos hídricos entran en la gran matriz para el crecimiento económico del país, no obstante, en el caso de las mujeres la situación es otra. En el campo, señala, quienes cuentan con poco acceso a tierras, economía de subsistencia y el trabajo fundamental lo realizan como trabajadoras de unidades domésticas de producción y cuidado, con elevadas horas de trabajo que incluye no poco tiempo en la búsqueda de agua en pozos, ríos y quebradas; las cuales, por obra y gracia de la tecnocracia del crecimiento y deterioro ambiental se secan y deben adquirir agua en condición de riesgo.

Camargo llama la atención respecto a los caminos de las mujeres para acercar el agua para el trabajo doméstico, lavado de ropa, ya que afirma, no hace parte de las prioridades del transporte que se registra en el Plan Estratégico Nacional.

Dicho documento, en su página 67 destaca, que el nivel de cobertura nacional de alcantarillado es del 56%, manifestándose desigualdades territoriales en la cobertura y calidad del servicio. La tendencia detectada en los análisis indica que las enfermedades de origen hídrico se han incrementado.

Este y otros temas no son del desconocimiento de la población de El Peñón. En la mesa del portal de la familia Herrera la plática acerca de la necesidad de preservar los recursos hídricos y mejorar la calidad de vida de las personas, es diaria.

Foto: Sharon PringleAnais de Herrera, con rostro de impotencia cuenta “Es una frustración muy grande la situación que vive nuestra gente. En las ciudades se desconoce dónde nace el agua que se toman, entonces abren el grifo y la derrochan”.

Tomar agua cruda en los años 50 no es lo mismo que tomarla ahora. Anais lo sabe: “Eran tiempos donde no había contaminación de basura, químicos, las letrinas estaban apartadas de las fuentes de agua, pero como eso fue cambiando, se hace necesario hacer acueductos. Hemos visto ojos de agua donde se nos hundían los pies de tanta humedad, ahora todo está tan seco… Hemos encontrado los pozos sépticos de tres barriadas totalmente colapsados, van directo al río Chilibre. Las autoridades conocen esto. El elemento agua lo estamos tratando como el gran negocio, que se puede caer algún día, porque imagínese esos tanques sépticos colapsados van directo a los ríos”.

Rosilena Lindo, Directora de Cambio Climático  de la Autoridad Nacional del Ambiente –ANAM, expresa que el tema de los pozos y ojos de agua es de suma importancia, porque la población para poder desarrollarse en sus actividades diarias, están proliferando el uso de dichos pozos sin un permiso.

“Hay varios pozos tomando el recurso hídrico sin cuantificarse cuánto se está sacando. Hay que reconocer que al no tenerse información con mayores niveles se dificulta estimar si la ausencia del recurso hídrico en los pozos es debido al cambio climático o al uso indiscriminado de éste”, acota la funcionaria.

En la actualidad, la ANAM está recabando información de la capacidad hídrica de los pozos a nivel nacional, a fin de conocer cuáles tienen permisos y cuáles no, y así poder identificar dónde reside el problema, que es parte de las evaluaciones de los escenarios climáticos de esas áreas, esto basado en datos que se obtienen del Ministerio de Desarrollo Agropecuario -MIDA.

Anais quien participa de los comités de cuenca y de la Junta de Agua Rural, junto a su esposo Bartolo, conocen que la aplicación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) es una herramienta que ayudará a favorecer el desarrollo en la comunidad en materia hídrica y a solucionar estos problemas.

No obstante a lo anterior, viven una realidad. Entre los/as hijos/as de El Peñón, un volcán de agua, hasta el término “potable” escasea. Las personas que fundaron la comunidad estuvieron 30 años sin agua tratada, al inicio se disputaban poder acceder al recurso antes que los animales. En 1993 logran su primer acueducto, pero esto no permitía un fluido las 24 horas debido a que la bomba conllevaba gran consumo de luz. Las personas pagaban 5 dólares diarios para poder acceder a agua potable tres veces a la semana. Así pasaron 15 años. Posteriormente algunas situaciones de poca voluntad política impiden que desde hace 3 años la comunidad tenga dicho acceso.

Anais, es un ser ingenioso. Hace 29 años, esta oriunda del barrio de Santa Ana, en plena ciudad, se casa con Bartolo y se muda a este sector. El cambio de dinámica de vida para una mujer de la urbe ella lo enfrenta con creatividad y amplia conciencia. Un año después de vivir en el Peñón, da a luz a su hijo, y siente temor de darle de beber de esa agua. Entonces, por acuerdo en la oficina donde labora, le facilitan todas las tardes el recurso.

Los años pasaron y las dificultades aumentaron, pero ella no se rinde, así que hizo de la práctica hábito. Tiene tanque séptico lejos del pozo, el inodoro tiene un tanque pequeño que se llena con un galón; la lavadora se usa una vez a la semana; como en el fregador no hay llave abierta, de un lado coloca un cubo para fregar y el otro para enjuagar, así ahorra agua. “La que queda del enjuague va a las matitas”, sonríe.

Foto: Sharon PringleEn casa de la familia Herrera hay un pozo limpio, repleto de plantas alrededor, hay que atravesar las raíces de un gran árbol para acceder a él, con los años, Anais enfermó de las rodillas y no puede hacer el trayecto, así que Bartolo carga el agua, se complementan.

“La crianza del hombre era para el campo, enfilar el machete, pilar arroz, sembrar; mis hermanas para atender el hogar, lavarnos la ropa, servirnos. Era marcado ese sistema, a medida que nos fuimos educando quitamos ese molde. Anais y yo enseñamos a nuestro hijo a cocinar y planchar; al casarme asumí esas cosas porque sé que ella no se casó para hacérmelas, es un trabajo conjunto. Esa cultura patriarcal no ha sido rota”, revela Bartolo, quien es dirigente comunitario.

Panamá ha ido evolucionando a pasos lentos pero seguros, en el tema de gestión de género. Esto lo afirma la Directora de Cambio Climático de la ANAM, al citar la participación de la mujer en los proyectos de energía renovable, en las comunidades, en el tema de reforestación, entre otros. Y en lo asociado a talleres de toma de decisiones con la comunidad, la participación está en el 57%, esto quiere decir que cada vez más se están dando cuenta que tienen influencia en el tema, y que también ella se ve impactada de forma más fuerte.

El Principio Nº 3 de Dublín, dicta que “la mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua”. La aceptación de este principio exige políticas que aborden las necesidades de la mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar en programas de recursos hídricos incluida la adopción de decisiones y la ejecución, por lo medios que ellas determinen.

Por otro lado, la Estrategia de Género de la Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés), especifica que existen referencias a la contribución de la mujer en la mejora de la gobernabilidad del agua y su gestión sostenible en documentos internacionales de política. No obstante, debe hacerse distinción entre las mujeres en su capacidad individual o profesional y las organizadas en grupos de la sociedad civil.

El postulado anterior lo ilustran las palabras de Anais: “Es duro como mujer porque yo salgo a trabajar, pero y qué hay de las que quedan en casa, cargando ollitas de agua por aquí y acá, tapándola, lo cotidiano de ellas no es fácil. Yo salgo y veo otras cosas, pero ellas no, solo en esa incertidumbre diaria, con sus hijos”.

El sueño de Anais es tener agua potable, que exista saneamiento como derecho humano. “Digamos que no tengo las 24 horas agua en la llave, pero por lo menos sepa que podré recogerla para hacer mis oficios, un día, por tantas horas, pero no es así…” concluye.

Una nueva cultura en el «Corredor Seco»

Por Ariel y José Manuel Torres

En la región sur de Honduras, fronteriza con Nicaragua y El Salvador, el campesinado sabe que el clima es árido, pero que puede ser peor cuando se presentan dos circunstancias temidas y asociadas: sequías e inundaciones.

Sur de Honduras. Foto: GWP CAM

«Viene la llena», dicen los pobladores cuando el cauce usualmente seco de un río se inunda por una lluvia intensa. Todo puede transcurrir casi como en un abrir y cerrar de ojos de la naturaleza.

Son tan recurrentes esos fenómenos que hay un glosario que la población entiende de manera muy práctica y sobre el cual permanece atenta. Entre ellos:

  • Aguacero o chubasco: que se presenta y termina repentinamente. Lo advierten por las señales del cielo y lo ratifican por el parte meteorológico.
  • Alertas: que pueden ser amarillas, verdes o rojas dependientes del riesgo y emergencia.
  • Albergue: la escuela, el centro comunal o una iglesia, previamente identificados, que son utilizados para satisfacer las necesidades básicas de la población afectada o en riesgo de serlo.
  • Damnificado: víctima que perdió la estructura de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medio de subsistencia, etc.

Pero al mismo tiempo que existe un glosario para las consecuencias, también lo hay para la prevención. Conceptos como riesgo, amenaza, gestión del riesgo, erosión, micro cuencas o cambio climático, se entienden con bastante claridad, explicados a partir de experiencias comunitarias o testimonios propios.

Maximino Martín, un productor de camotes de La Laguna No. 2, comunidad de San Francisco de Coray, Valle, define la adaptación al cambio climático a partir de su experiencia de vida: «a medida que las cosas se dan difíciles, aportamos ideas unos con otros, con asesoría externa. Construimos reservorios de agua, cortinas para los microrriegos… la necesidad dicta como adaptarnos al sistema».

Lo anterior es interesante de interpretar porque al visitar las comunidades se advierte que la percepción no está como al principio, sino que se ha producido un proceso de adaptación de las personas, familias y comunidades a un medio social y natural intervenido por fenómenos que van más allá de su control.

«De aquí no nos vamos a ir», suelen decir pobladores mayores de 30 años, para quienes la emigración al «norte» (EEUU) o a las principales ciudades hondureñas, despierta más miedo e inseguridad que luchar en sus tierras contra las adversidades del clima. No obstante, saben que «integrarse» al riesgo demanda establecer nuevas relaciones con el entorno.

Un ejemplo de esa nueva actitud cultural es Antonio Ortiz, dueño de una finca auto sostenible de media manzana, que se localiza en la comunidad de El Rincón, jurisdicción de Nacaome, Valle, y que sirve de referencia a otros agricultores, por el uso de abono orgánico para fertilizar las plantas y el aprovechamiento del estiércol fresco de ganado para producir la energía que ocupa un fogón biodigestor.

De su finca, Ortiz obtiene tomates, frijoles, maíz, maracuyá, yuca, pepino, papaya, café, apio, cilantro, loroco, chipilín, leña para el fogón, carne de pollo y de cerdo, y afirma: «el punto número uno es no darse por rendido, no dejarse vencer, no esperar del Estado o de la ayuda internacional que todo se lo regalen, e involucrar a la familia para que todos participen».

Cultura de resistencia

Corredor Seco Centroamericano. Mapa ECADERT

Residir en el Corredor Seco Centroamericano es, de alguna manera, vivir en «otro país», donde las sequías o inundaciones son una constante y en los cuales se trata de romper comunitariamente la dinámica de que un fracaso es generador de más fracaso.

En Honduras, el Corredor Seco incluye los departamentos (provincias) de Choluteca, Valle y áreas de El Paraíso y Francisco Morazán. Son igualmente regiones donde la pobreza y la extrema pobreza son más agudas.

A nivel regional, como se sabe, dicho corredor se extiende desde el Estado de Chiapas en México hasta la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Físicamente se explica como un fenómeno cíclico de lluvias irregulares, que dificultan la producción agropecuaria de cerca de 10 millones de personas, instaladas básicamente entre Guatemala y Nicaragua.

Desde la primera mitad del siglo pasado, se viene identificando repetidos ciclos de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS), que han modelado la forma de vida de estas zonas predominantemente rurales, donde se hilvana una red de realidades interconectadas, que erige la misma figura humana, la del pequeño productor (que envejece paulatinamente, por falta de relevo generacional) o familia de campesinos que viven de la agricultura de subsistencia y venta de mano de obra en condiciones precarias y arbitrarias.

Se identifican también, a lo largo de su historia, como los escenarios donde se han llevado a cabo los más severos conflictos de lucha y despojo de tierras, guerras, desplazamientos e inestabilidad laboral.

Toda la década de los 80, por ejemplo, Choluteca y El Paraíso, en Honduras, fueron extensión territorial de la contrarrevolución nicaragüense. Esa situación generó miles de refugiados nicaragüenses y de desplazados hondureños. El impacto medio ambiental de ese drama no se ha medido.

Dentro del ámbito político y económico, son regiones que juegan actualmente un papel marginal – pero fundamental – para el «espacio de mercado» regional, por su ubicación geográfica y por ser fuente de mano de obra que trabaja en las labores más arduas y peor pagadas.

Hay que señalar que gran parte de ese corredor simboliza el drama agrario histórico en la región centroamericana. En El Salvador, para el caso, fue escenario del genocidio de 1932 (se estima que murieron asesinados 25 mil campesinos), mismo donde se cebó en 1936 una sequía que se registra como una de las más fuertes del siglo pasado.

La mayoría de los municipios registrados en zonas de riesgo, han sido también el teatro de las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyas consecuencias de baja intensidad repercutieron en Honduras y Costa Rica.

Detrás de cada sequía, hay condiciones que la empeoran

La Libertad, El Salvador. Foto: Isabella Rojas

Durante cada una de las crisis de sequía, en Centroamérica se advierte que hay un factor socioeconómico y sociopolítico que la precede y la empeora. En pleno siglo XXI, los problemas irresueltos del siglo XX se acumulan a los actuales.

Visto de otro modo, esto implica que  Estados fragilizados, que apenas han sobrellevado sus propias problemáticas y complejidades, tienen ahora el desafío de afrontar la suma de los problemas de cada uno.

Pero de la misma forma en que acumulan problemas, la ciudadanía involucrada también acumula capacidades y saberes.  En este sentido, es incorrecto percibir al poblador del Corredor Seco como alguien potencialmente destinado al fracaso y sin capacidad de respuesta propia y de exigencia institucional para afrontar la situación.

Al contrario, la gestión del riesgo es una materia de permanente asignación en sus vidas. Se conecta con los problemas de pobreza, tenencia de la tierra y acceso sostenido a mercados y recursos institucionales para el desarrollo. En las comunidades se percibe cada vez más que toda solución a estos problemas pasa por el rápido aprendizaje de cómo sobrevivir y, simultáneamente, crear condiciones para superarlos.

Desde la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership-GWP) y las otras instituciones vinculadas en la identificación y seguimiento de los patrones de sequía, se plantean una serie de propuestas y desafíos, diseñados para conseguir que tanto los actores locales como regionales, públicos, privados, sociedad civil y ciudadanía, puedan absorber la transferencia de conocimientos y experiencias existentes dentro de sus propias prácticas, iniciativas y marcos jurídicos.

En esencia, se propone contribuir a colocar en la agenda pública el tema agrario; priorizar el ordenamiento territorial en función de los usos de la tierra, sensibilizar a las municipalidades afectadas en el tema del cambio climático; mejorar las prácticas mediante el uso de tecnologías apropiadas, diseñar políticas sostenibles para evitar la desertificación del campo y promover la seguridad alimentaria. El reto es complejo, pero cada logro sirve de peldaño para alcanzar el siguiente.

Seguridad hídrica: esencial para la resiliencia al clima

“Creemos que la adaptación es principalmente sobre el agua, de la misma manera que la mitigación es sobre carbono; el ciclo del agua está siendo afectada por el cambio climático y tenemos que hacer algo respecto a eso.” – Dra. Ania Grobicki, Secretaria Ejecutiva de GWP

Foto: Luis Sicajan
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