La sequía centroamericana

En la región centroamericana da la impresión que los poderes políticos y económicos se interesan menos por el tema ambiental que los actores externos, aun así se espera una unificación del istmo para enfrentar las adversidades climáticas.

Por: José Manuel Torres

02 Acción contra el Hambre Guatemala ©SamuelHauenstein-2011

Las regiones más afectadas por la sequía, son igualmente donde la pobreza y la extrema pobreza son más agudas. Se identifican también, a lo largo de su historia, como los escenarios donde se han llevado a cabo los más severos conflictos de lucha y despojo de tierras, guerras, desplazamientos e inestabilidad laboral. Dentro del ámbito político y económico, son regiones que juegan actualmente un papel marginal – pero fundamental – para el «espacio de mercado» regional, porque son fuente de mano de obra que trabaja en las labores más arduas y peor pagadas, pero que rentabilizan remarcablemente, como la siembra de café y las maquilas.

El ejemplo prototípico, que identifica los vestigios de la sequía geográfica y demográficamente, se identifica como el Corredor Seco Centroamericano (CSC). Dicho corredor se extiende desde el Estado de Chiapas en México hasta la provincia de Guanacaste en Costa Rica. Físicamente se explica como un fenómeno cíclico de lluvias irregulares, que dificultan la producción agropecuaria de cerca de 10 millones de personas, instaladas básicamente entre Guatemala y Nicaragua. Desde la primera mitad del siglo pasado, se viene identificando repetidos ciclos de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS), que han modelado la forma de vida de estas zonas predominantemente rurales, donde se hilvana una red de realidades interconectadas, que erige la misma figura humana, la del pequeño productor (que envejece paulatinamente, por falta de relevo generacional) o familia de campesinos que viven de la agricultura de subsistencia y venta de mano de obra en condiciones precarias y arbitrarias.

Hay que señalar que gran parte de CSC simboliza la tierra representativa del drama agrario en la región centroamericana. En El Salvador, para el caso, fue el escenario del genocidio de 1932 (se estima que murieron asesinados 25 mil campesinos), mismo donde se cebó en 1936 una sequía que se registra como una de las más fuertes del siglo pasado. La mayoría de los municipios registrados en zonas de riesgo, han sido también el teatro de las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyas consecuencias de baja intensidad también afectaron a municipalidades hondureñas y costarricenses.

Problemas sin resolver

Durante cada una de las crisis de sequía, en Centroamérica se ha comprobado que hay un factor socioeconómico y sociopolítico que la precede y la empeora. En pleno siglo XXI, los problemas irresueltos del siglo XX se acumulan a los actuales.

Las sequías de fines de los años noventa, las de 2001, 2009, 2012 y la que golpeó a la región a mediados de 2014, tienen como escenario de fondo, la reconfiguración de los países centroamericanos como «espacio de mercado». Visto de otro modo, esto implica que Estados fragilizados, que apenas han sobrellevado sus propias problemáticas y complejidades, tienen ahora el desafío de afrontar la suma de los problemas de cada uno.

Desde GWP y las otras instituciones vinculadas en la identificación y seguimiento de los patrones de sequía, que de manera general, representan también el espectro de otros actores externos que trabajan la temática, se plantean una serie de propuestas y desafíos, diseñados para conseguir que tanto los actores locales como regionales, públicos, privados, sociedad civil y ciudadanía, puedan absorber la transferencia de conocimientos y experiencias dentro de sus propias prácticas, iniciativas y marcos jurídicos.

En esencia, se propone construir y mejorar los canales ya existentes para la circulación de información.

Las recomendaciones, se entienden como Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que apuntan a crear redes de pluviómetros controlados por la ciudadanía, sector público y privado; vincular las entidades locales competentes para mejorar las prácticas de cultivo (lo que incluye mejoramiento de semillas); colocar en la agenda pública el tema agrario; priorizar el ordenamiento territorial en función de los usos de la tierra, sensibilizar a las municipalidades afectadas en el tema del cambio climático; mejorar las prácticas mediante el uso de tecnologías apropiadas, diseñar políticas sostenibles para evitar la desertificación del campo.

Desafíos

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El desafío primordial es mejorar la situación de la seguridad alimentaria de la región. No obstante, la articulación de las acciones y la creación de estructuras SAT deben insertarse dentro del marco institucional de cada país, lo que implica a su vez, un reto suplementario y complejo.

Se persigue: «La institucionalización de los procesos relacionados con el SAT, para que tengan sostenibilidad técnica, política y económica a largo plazo. Este aspecto es importante por dos razones: (1) sólo las instituciones con mandato de Estado, pueden asumir legalmente este tipo de tareas, por ejemplo, la divulgación de alertas ante el impacto de eventos dañinos, como en este caso, de sequías; (2) Sólo las instituciones del Estado cuentan con al menos, una estructura básica, técnica y de recursos que puede dar seguimiento a los procesos sin estar sujeta al financiamiento asociado al ciclo propio de los proyectos.»[1]

Ya de una manera más detallada, restará determinar si «se desea crear estructuras SAT, orientadas a cultivos, o proporcionar, como hasta ahora, alertas, coordinadas por instituciones nacionales y regionales.»[2]

Finalmente, para garantizar el éxito de estas primeras etapas, es preciso «vincular las instancias necesarias en cada una de las escalas correspondientes a los actores que deben tomar parte del proceso para que resulte exitoso. El nivel regional es el de la coordinación entre instituciones nacionales, pero es en el nivel nacional, donde se hace escalar el proceso y como parte de él, la información vital para que las alertas funcionen.»[3]

Amplitud de los enfoques

Los esfuerzos tanto de actores externos como internos, anticipan, pronostican y ayudan a paliar ciertos efectos producidos por los trastornos ecológicos en la región.

Los sistemas de alerta y los programas técnicos para enfrentar los estragos del cambio climático trabajan con las poblaciones más afectadas y los poderes locales. No obstante, los problemas estructurales, causantes de la extrema fragilidad de la región centroamericana, siguen pareciendo inabordables desde la perspectiva del Estado y los gobiernos locales y regionales.

Esta situación, inevitablemente, permea y limita la visión y los enfoques que se manejan a fin de reducir la vulnerabilidad y garantizar mínimamente la seguridad alimentaria de las zonas más expuestas a los fenómenos climáticos.

La sequía de 2014 despertó una atención mayor hacia Centroamérica; considerada como una de las peores de su historia, los prácticamente dos meses sin lluvias, acabaron con las cosechas de maíz y frijoles, provocando una crisis alimentaria severa en cerca de 2,5 millones (diario El País, septiembre) de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Pese a la emergencia, y a que este desastre ambiental es considerado como uno de los más trascendentes desde el Huracán Mitch (1998), la ayuda económica ha sido insuficiente y dilatada.

Propuesta de los Estados Foto: EFE

El problema de fondo es que detrás de esta crisis, la responsabilidad política y económica se siguió escudando eficazmente detrás de su propia inoperancia, como si la gestión del problema, no fuera en primer lugar, su obligación. Las instancias existentes al interior de los poderes públicos (y sus propios dispositivos), están más habilitadas para trabajar en contingencias que para explorar y crear enfoques que centren el cambio climático desde una perspectiva pública, por eso, entre otras razones, los desastres se siguen repitiendo.

Cabe señalar que el PMA advirtió que lo ocurrido este año podría derivar en una crisis humanitaria. ¿Cuál es la propuesta de los Estados frente a esta exhortación?

Las visiones exiguas de la esfera pública, impiden que las posiciones gubernamentales dispongan de una base sólida frente a los efectos del cambio climático en Centroamérica, reforzando la impresión de que los poderes políticos y económicos del istmo, se interesan por el tema menos que los actores externos.

Por su parte, los argumentos fisiográficos, agrológicos y climáticos que manejan predominantemente los actores externos son eficaces para comprender la vulnerabilidad física de la región, pero insuficientes para ofrecer una visión integral del cuadro de la vulnerabilidad social, puesto que esta solamente se puede complementar con una vinculación mayor de los poderes públicos y económicos.

En el istmo, tal como sucede en el resto del mundo, las transiciones ecológicas no perturban los paradigmas existentes, pese a los indicios de voluntarismo y las iniciativas en marcha. Dicho de otro modo, se habla de realizar un viraje ecológico pero no se emprende un frenazo económico, ni se reducen las disparidades en la distribución de la riqueza, ni se exploran otras vías políticas que las ya conocidas.

Es más, frecuentemente la vulnerabilidad social es asociada (entre otros factores) con la falta de medios y herramientas para integrarse mejor en los mercados, pero rara vez se plantea cambiar las reglas del juego. Dentro de esta lógica, cabría preguntarse: ¿por qué habrían de hacerlo?, si por ejemplo, las fuentes de financiamiento y préstamos para estos países están condicionadas siempre y cuando se continúen las políticas fiscales, económicas y de liberalización de los mercados.

Por otro lado, sorprende leer que estudios multidisciplinarios, que trabajan sobre los efectos del cambio climático, argumenten que la falta de industrialización en la región es una de las causas de su propia vulnerabilidad.

Problemas estructurales

De manera global, el problema del cambio climático se quiere encarar sin cambiar el mundo que lo ha provocado, se dice que es un tema prioritario pero no siempre se trata como tal.

A escala mundial, no se han creado los mecanismos de presión capaces de plantear auténticas transformaciones, de hecho, algo más fácil, como lograr que los principales responsables del desastre ambiental se comprometan a suscribir los acuerdos y protocolos existentes, no ha sido posible. A su vez, los grandes poderes que están detrás de las industrias más contaminantes, que alimentan la voracidad de los mercados, invierten proverbialmente para desvincular y “desmitificar” precisamente las correlaciones existentes entre las reglas actuales de la economía y la política con el impacto ambiental.

La tendencia es que los discursos y las acciones asumen paulatinamente dinámicas que contrarían lo menos posible a las estructuras de poder. En regiones más pequeñas y más maniobrables, como Centroamérica, donde, por otro lado, el poder es teóricamente más permeable, sucede de la misma manera; bajo el pretexto de “no intervenir”, los problemas ambientales no se tratan desde una perspectiva política y económica contundente.

Se habla de adaptación a los intensos procesos de sequía pero no se menciona la posibilidad de un cambio más profundo. El tema de la sequía, que afecta cíclica y progresivamente a las mismas poblaciones, es una coyuntura ideal para interrogarse sobre la supuesta irreversibilidad de los problemas estructurales. Frente a la emergencia misma del cambio climático, la alternativa arquetípica sería la de centrar más enfáticamente el interés de los Estados por regiones a las que además se les está en deuda histórica.

No se cuestiona que los enfoques (cambios de tiempo de siembra, fortalecimiento de los sistema de alerta temprana, construcción de cuencas, etc.) sean motivados por la urgencia (son dentro de todo, los que ahora funcionan), pero sería necesario ampliar la mirada y asumir consecuentemente los desacuerdos eventuales, para imaginar que también sea posible transformar en proyectos paradigmáticos de desarrollo, esos lugares donde solamente se ha conocido y se conoce la pobreza.

Centroamérica dentro del mundo

El abordaje de los problemas ambientales debe adecuarse a la velocidad y la rudeza con la que cambia el mundo. El sistema ha dejado en evidencia que durante sus períodos de crisis, aumenta su potencia destructora. La naturaleza cada vez más transitoria, agresiva y cambiante de los flujos de mercado, destruye el medio ambiente, y va tras aquellos nichos que aún no han sido conquistados o que lo han sido solo parcialmente.

En el panorama actual, resulta desfasado analizar la realidad de continentes o países sin tener en cuenta la preponderancia de zonas o regiones creadas específicamente por los flujos de mercado.

Cada región se ve fortalecida o sumida en desventaja, en función de un determinado tipo de recursos humanos, que comprende igualmente obras de infraestructura, procesos de asimilación cultural, factores socioeconómicos e inclusive raciales que determinan a su vez la importancia y el uso o subutilización de ciertos tipos de recursos naturales, muchas veces, a costa de otros.

Estos procesos de supresión de los confines nacionales, están sustituyendo aceleradamente las fronteras tradicionales, pero al ritmo del mercado y no de las necesidades humanas, sociales y democráticas.

En el caso centroamericano, la región representa económica y geopolíticamente el puente «natural» de pasaje entre el hemisferio norte y sur del continente.

Por su situación geográfica y la fragilidad de sus Estados, es considerada una «sub-región» donde se suman en permanencia componentes para volverla más «interesante» desde el punto de vista comercial, lo que se traduce consecuentemente en la creación de zonas y regiones semi-industriales, agroindustriales, agropecuarias y comerciales donde los recursos naturales, notablemente los hídricos, son subutilizados, bajo el mismo esquema como se explotan otros, como la minería, y evidentemente, la mano de obra que los trabaja.

Desde cualquier ámbito de trabajo, cuando se investiga y define la región, se discurre forzosamente entre dos vertientes de discurso; por una parte, los grandes temas sociales y societarios; la pobreza, el atraso, la violencia, la desigualdad extrema, la vulnerabilidad social y ambiental, los grados deficitarios de democracia, y  por el otro lado, la integración regional alrededor de tratados y acuerdos comerciales y todo lo que esto representa, incluidas también ciertas ventajas.

En prospectiva, Centroamérica marcha al mismo tiempo hacia diversos tipos de unificación regional, en la que también se suma la integración de tipo ambiental. El desafío es que esta inercia propulsada por los factores exteriores, permita que los Estados y las sociedades puedan adjudicarse sus propios procesos de asimilación, y en lo ideal, imponer su voluntad soberana, algo que todavía no ocurre.

Las preguntas por el momento son: ¿Quién defiende a la región? ¿Quién impide que Centroamérica ponga a disposición de una economía global, cada vez que ésta busca espacios de mercado más rentables, su capacidad extrema de elasticidad, dejando al borde del precipicio sus recursos humanos y naturales más preciados?


[1] Patrones de sequía en Centroamérica. Su impacto en la producción de maíz y frijol y uso del Índice Normalizado de Precipitación para los Sistemas de Alerta Temprana. GWP Centroamérica/COSUDE/CRRH, (2014). [2] Ídem [3] Ídem